La ley 26.281, sancionada por el Congreso el 8 de agosto y promulgada a principios de septiembre, establece que el Poder Ejecutivo "debe desarrollar intervenciones que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y de vivienda y hábitat saludable" para prevenir el Chagas.

"Declárese de interés nacional y asignase carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud, a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas", fija la norma en su artículo primero.

Además, indica que las medidas sanitarias que se impulsen deberán apuntar a "la definitiva erradicación del mal en todo el territorio nacional".